Quién es quién en el ‘caso De Miguel’


Un contrato urbanístico irregular abrió la investigación de una presunta red que ya salpica a los nacionalistas

17 de marzo de 2010. Siete de la mañana. Cuarenta agentes de la Ertzaintza inician un amplio despliegue para detener en sus domicilios a ocho personas, todas ellas vinculadas al PNV alavés. El diputado foral Alfredo de Miguel; el burukide Aitor Tellería; el ex contable del parque tecnológico de Miñano Koldo Ochandiano; sus tres esposas -Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia-; el ex gerente de Miñano Alfonso Arriola, y el constructor Jon Iñaki Echaburu comparecían luego ante la Justicia. ¿Por qué?

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, había recibido el 2 de diciembre de 2009 una denuncia de la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi. Su asesoría, Urbanorma Consulting, había sido contratada discrecionalmente en noviembre de 2006 para gestionar el proceso de ampliación en 900.000 metros cuadrados de Miñano. La decisión no era casual: el socio de Alberdi, Echaburu, estaba bien relacionado con el núcleo institucional del PNV alavés. Ya había contratado meses antes con De Miguel en los industrialdeas de Ayala y Orduña.

La adjudicación, firmada por el presidente de la Red de Parques, Julián Sánchez Alegría, contemplaba una minuta máxima para Urbanorma de 600.000 euros, de los que esa firma ha percibido ya 471.000, según las cifras aportadas por el Gobirno vasco. El contrato sigue vigente en tanto que aún quedan 5.500 metros para finalizar la expansión del parque.

Los responsables de la investigación, que cuentan en su poder con 24 grabaciones realizadas por la denunciante, consideran que hay indicios para sospechar que la contrapartida a la adjudicación consistía en el pago de comisiones ilegales. Alberdi, en su declaración ante el juez instructor, Roberto Ramos, aseguró que De Miguel y Tellería le habían reclamado las dos terceras partes del contrato en virtud de un supuesto pacto previo alcanzado entre éstos y su socio, Echaburu.

A partir de ahí, las pesquisas judiciales han ido ampliando los vértices del caso, hasta el punto de que son ya once los imputados en una causa en la que se sustancian delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación, malversación, falsedad documental y alteración de precios en concursos públicos. Y las miradas no sólo se posan en Miñano, sino también en el Departamento de Cultura del Gobierno vasco, concretamente en las adjudicaciones otorgadas a dos empresas durante la última legislatura de Ibarretxe.

El juez mantiene varias líneas de investigación tras mostrar el sumario

El caso De Miguel o caso Miñano ha acelerado la política vasca en los últimos días tras permanecer secretas las actuaciones del juez desde el 17 de marzo y el 14 de mayo. Ahora, con el levantamiento del secreto de sumario, se ha incrementado el número de imputados -son ya once- y se ha conocido que el sumario consta de casi 5.000 folios aunque, según las defensas, hay muy pocas pruebas concluyentes. Sin embargo, los indicios se amontonan en la documentación ya escaneada para los imputados.

#LOS TRES AMIGOS

Alfredo De Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano

A sus 38 años, Alfredo de Miguel, Txitxo, lo tenía todo a su favor para relevar a Iñaki Gerenabarrena al frente del Araba Buru Batzar (ABB). Una red de contactos inmejorable en el mundo rural alavés y en el Valle de Ayala y su omnipresencia en los centros de decisión, tanto políticos -era responsable foral de Administración Local- como económicos -regentaba la vicepresidencia segunda de la Vital-, eran su mejor aval. Pero todo se truncó aquella mañana del 17 de marzo.

«¿Es usted el diputado general?», le inquirió por error un ertzaina. Subsanado el despiste en su identificación, el diputado foral -lo era desde 2007- fue arrestado. Y como él sus amigos Aitor Tellería, con una larga trayectoria como juntero y concejal nacionalista, y Koldo Ochandiano, ex responsable del Instituto Foral de Bienestar Social y contable de Miñano en el último tramo de la pasada legislatura.

Alfredo de Miguel, que no tenía poder administrativo en Miñano, pasaba por ser el intermediario habitual entre Ainhoa Alberdi y el parque tecnológico para discutir los pormenores del contrato con Urbanorma Consulting. En la denuncia de Alberdi, la abogada urbanista acusa al ex diputado foral y a Tellería de extorsionarla para que repartiera con ellos sus beneficios.

«Supongo que sabrás que tienes que pasar por caja», le dijo De Miguel según declaró en el juzgado Alberdi. A esta conversación le siguió un cruce de correos electrónicos -enviados desde su despacho en la Diputación- en el que el político, según consta en el sumario, insistía en negociar. «Ni para ti ni para mí, 100.000». Ésa fue, supuestamente, la última oferta del titular de Administración Local, siempre según la denunciante, que también discutió sobre el pago de las facturas con Ochandiano por e-mail.

Tiempo atrás, en junio de 2005, los tres habían impulsado la constitución de un negocio privado conjunto: la asesoría jurídico-empresarial Kataia Consulting. La administraban, formalmente, sus mujeres, aunque De Miguel reconoció ante el juez que su creación partió de ellos. No dieron su nombre por la significación política de sus apellidos -De Miguel y Tellería eran entonces miembros del ABB-.

#LAS TESTAFERROS

Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia

Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia, casadas con De Miguel, Tellería y Ochandiano, tienen algo más en común que su amistad. Las tres administran conjuntamente Kataia Consulting, la empresa impulsada por sus maridos y domiciliada en el txoko gastronómico de De Miguel. Ante el juez declararon no conocer los detalles del funcionamiento de esta asesoría e insistieron en que actuaban siempre a instancia de sus maridos. Esta supuesta indiferencia hacia el negocio familiar contrasta con los movimientos realizados en las cuentas de la firma en 2005 y, especialmente, 2006 y que están recogidos en las dilingencias del proceso. Así, Gaztelu-Urrutia, que concurrió en las últimas elecciones autonómicas como candidata del PNV, ingresó justo dos semanas antes de constituirse Kataia Consulting los 1.002 euros que le correspondían del capital social total de 3.006 euros.

Por otro lado, y como adelantó este periódico, Bilbao inyectó a las arcas de la empresa 27.000 euros en metálico entre febrero y mayo de 2006, justo cuando accedió al cargo de administradora. Los pagos, en oficinas de Ipar Kutxa, se realizaban generalmente con billetes de 500 euros. Hubo un pago más en agosto.

#LOS ‘JEFES’ DE MIÑANO

Julián Sánchez Alegría, Alfonso Arriola y Miren Bilbao

No apareció en la primera lista de imputados pero sí en la segunda. Se trata de Julián Sánchez Alegría, el presidente de la Red de Parques Tecnológicos y un hombre clave en el organigrama del Departamento de Industria de la peneuvista Ana Aguirre. Él fue quien estampó su firma junto a la de Ainhoa Alberdi en el contrato con Urbanorma Consulting y a él acudió la empresaria para denunciar la supuesta extorsión a la que habría sido sometida por parte de De Miguel y Tellería.

Según trasciende de la declaración de Alberdi, Sánchez Alegría restó importancia a las palabras de la abogada y la tranquilizó garantizándole el pago de su minuta. Eso sí, la empresaria le aseguró al juez que el máximo responsable de los parques alertó a De Miguel de esta conversación, quien después le echó en cara su actitud.

Además de Sánchez Alegría, en la tramitación de la adjudicación que centra las pesquisas participó Alfonso Arriola, gerente de Miñano entre 2006 y 2009. Una de sus más estrechas colaboradoras, la directora financiera del parque, Miren Bilbao, también está imputada.

Las oficinas del parque tecnológico, ubicado al norte de Vitoria, ya han sido registradas por la Policía judicial en al menos dos ocasiones. Los agentes han aprehendido numerosa documentación, incluidos varios correos electrónicos entre Arriola y Bilbao. Su contenido está siendo analizado para determinar si los ex responsables del polígono y artífices de su ampliación concedieron a otra empresa, Stoa, un contrato de forma discrecional.

El hecho de que Miren Bilbao continúe entre la decena de trabajadores de Miñano tras el cambio de Gobierno -Arriola y Sánchez Alegría fueron destituidos- ha empujado al Ejecutivo vasco a intentar personarse en la causa. Ello le permitirá obtener todos los detalles de la investigación y comprobar el alcance de las posibles irregularidades en la gestión del parque durante los últimos años. La Diputación de Álava también ha optado por esta fórmula para estar informada.

#LA VÍA DE CULTURA

Gurutz Larrañaga, Iñaki San Juan y Xabier Sánchez Robles

A medida que el juez instructor del caso fue reuniendo pruebas, se abrió una nueva línea de investigación: el Departamento de Cultura del Gobierno vasco. El análisis de la contabilidad de Kataia Consulting reveló que esta empresa sin apenas actividad había percibido tres contratos del área de Miren Azkarate.

Fueron, en total, 34.075 euros adjudicados de forma discrecional y, como confirmaron los actuales responsables de Cultura, sin justificación aparente. Todos los expedientes de contratación, realizados por el área de Juventud, no tienen más contenido que la orden de pago. Las facturas, emitidas en 2007, eran siempre inferiores a 12.020 euros, la cantidad máxima que en ese momento se podía adjudicar sin concurso público. Estaban firmadas por el viceconsejero de Azkarate, Gurutz Larrañaga. Aunque está imputado, aún no ha sido interrogado por el juez al encontrarse en Australia por motivos personales.

Quien tampoco ha sido interrogado aún es el director de Juventud en el momento de las adjudicaciones, Xabier Sánchez Robles, casado con una parlamentaria vasca del PNV. En medios judiciales se da por seguro que será convocado por el juez para dar cuenta de los tres pagos a Kataia… y de otros 14 a Errexal, una empresa que organiza todo tipo de eventos culturales y de ocio.

Errexal, según el registro mercantil, comparte domicilio social con Kataia Consulting en la sociedad gastronómica. Su dueño y administrador es Iñaki San Juan Bilbao, ex concejal del PNV en Leioa.

#EL CONSTRUCTOR

Jon Iñaki Echaburu

Jon Iñaki Echaburu, dueño de Construcciones Loizate, está inhabilitado judicialmente para la administración de empresas tras el proceso de liquidación que vivió esa firma. Contratista habitual de la Administración -sus empresas en total han percibido más de 5 millones de euros sólo del Gobierno vasco-, constituyó con Ainhoa Alberdi Urbanorma. Pese a que fue ésta la que gestionó el contrato con Miñano, se apunta a que Echaburu pactó con De Miguel otras condiciones que no figuraban en la letra y que, según Alberdi, suponían el pago de comisiones.

#LA FAMILIA Y LOS AMIGOS

La hermana y la suegra de Alfredo de Miguel

Otro punto de conexión entre Kataia Consulting y Errexal es la figura de Aintzane De Miguel, hermana del ex diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial. El propio Alfredo le encomendó la contabilidad de Kataia Consulting, para lo que requirió de la experiencia de Ochandiano, que ha trabajado profesionalmente como contable. Además, Aintzane de Miguel trabaja en Errexal.

Compró con su hermano, con su jefe y con otros dirigentes del PNV, como el miembro del ABB Igor Goirizelaia, una parcela rústica en Frúniz. Este terreno es el único patrimonio que en el registro de la propiedad se le atribuye a Kataia Consulting. Del análisis de la contabilidad de esta compañía se desprende también que De Miguel contrató a la madre de su esposa, Ainhoa Bilbao, en Kataia para que cuidara de sus nietos.

El caso De Miguel o caso Miñano ha acelerado la política vasca en los últimos días tras permanecer secretas las actuaciones del juez desde el 17 de marzo y el 14 de mayo. Ahora, con el levantamiento del secreto de sumario, se ha incrementado el número de imputados -son ya once- y se ha conocido que el sumario consta de casi 5.000 folios aunque, según las defensas, hay muy pocas pruebas concluyentes. Sin embargo, los indicios se amontonan en la documentación ya escaneada para los imputados.

La terna de impulsores del ‘caso De Miguel’

La investigación judicial que más polvareda ha levantado en los últimos años en Álava está en sus manos de una u otra forma. Son la denunciante, el fiscal y el juez instructor.

>AINHOA ALBERDI. Ainhoa Alberdi era la abogada urbanista que necesitaba el constructor Jon Iñaki Echaburu para constituir una asesoría encaminada a contratar con la Administración: Urbanorma Consulting. Él aportaba su agenda de contactos entre el PNV y ella su quehacer profesional. Así, un miembro del Araba Buru Batzar, Alfredo de Miguel, los contrató en 2006 para realizar trabajos de asesoramiento para los industrialdeas de Ayala y Orduña que él dirigía. Meses después, en noviembre, recibirían un contrato mucho más jugoso en el parque tecnológico de Miñano, superior a los 471.000 euros. Una presunta extorsión para que pagase comisiones ilegales hizo que Alberdi se armara de una grabadora y presentara 24 grabaciones ante la Fiscalía para denunciar una presunta trama corrupta con nombres y apellidos.

>JOSU IZAGUIRRE. Este fiscal, nacido en San Sebastián en 1964, no se casa con nadie. Inició su carrera en el ministerio público en Gipuzkoa, de donde pasó a Lugo. Allí impulsó la Operación Muralla, en la que puso contra las cuerdas a los responsables de la Diputación lucense, gobernada por el PP. De regreso al País Vasco, en Álava ha abierto investigaciones contra cargos públicos de todos los colores y llevado ante el juez al ex concejal del PP Jorge Ibarrondo, al gerente de Ensanche XXI, Alfredo Piris, a Iñaki Galdos (antes EA y ahora H1!) y a Eusebio Melero (PNV). La instrucción del caso De Miguel la ha llevado con el mayor de los sigilos. De hecho, desde que recibió la denuncia en diciembre hasta que se detuvo a ocho personas en marzo apenas compartió sus pesquisas. Así, los agentes que iban a participar en el operativo sólo se enteraron doce horas antes de a quiénes tenían que arrestar.

>ROBERTO RAMOS. El titular del juzgado de instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, es definido por quienes lo conocen como un juez «solvente» y «profesional», decidido a llevar sus investigaciones «hasta el final». Nació en la capital alavesa y, tras convertirse en magistrado, pasó por un juzgado de lo penal de Bilbao. No se le conocen grandes casos, o al menos con la trascedencia pública del que ahora tiene entre manos. Su decisión de decretar el secreto de sumario y de prorrogarlo durante dos meses le granjeó las críticas de las defensas.

23-V-2010

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